MEYER LORENZO Para que la cuñe apriete

Reforma 19 de febrero de 2009

Considero que realizar una lectura del miedo sería útil para explicar y entender por qué el PAN ha gobernado de la forma en que lo ha hecho, y por que -a pesar del cambio de gobierno en el 2000- persisten y existe una percepcion de que problemas como la corrupción, el desempleo, el narcotráfico, entre otros se han incrementado, señalando la incapacidad del Estado para hacer frente a estos desafíos.

Por otra parte, el diagnóstico de Carlos Arriola sobre cómo el PAN ha hecho política, puede servivr para explicar qué implicaciones tendrá para todos los partidos en las próximas elecciones, para las relaciones de poder entre estos y otros actores, y también para el país.

Emiliano

Blindar Manifestaciones / Carlos Elizondo Mayer-Serra

En pleno proceso electoral, es posible analizar bajo que contexto se ejercerá el voto este próximo 5 de Julio, iniciamos con una controversia sobre la participación de los medios de comunicación y su participación “atípica” en la proyección de los spost, que deja en entre dicho la capacidad de las instituciones para ejercer libremente su obligación de hacer cumplir y respetar la constitución.
A esto debemos añadir el problema del narcotráfico que ha redefinido su manera de participar e incidir en la vida política del país, y que en este momento a encontrado una oportunidad para gestionar nuevos aliados dentro de la esfera política, además de utilizar el recurso legal que ofrece el estado para expresar las inconformidades de la sociedad frente a un problema que le afecta, y tomarlo como suyo, para contrarrestar la participación del ejercito en la lucha del narco, y el uso de las manifestaciones en vías públicas, que mas que abrir canales de diálogo con el Estado, coadyuva a crear un Estado de Derecho que es cuestionado día a día.
Me parece pertinente analizar lo que nos propone el editorialista, ya que estamos enfrentándonos, a las particularidades de las próximas elecciones, en donde veremos nuevamente reflejado la participación del narcotráfico y no solo eso, si no que nos será posible advertir en qué grado la sociedad mexicana ha madurado políticamente.
El que el PRI sepa capitalizar las manifestaciones en vías públicas, me parece alarmante, porque estamos observando nuevamente a un partido político, que poco ha cambiado sus vicios y que amenaza además con reconquistar el poder legislativo y como se ha previsto incluso, la presidencia en 2012, en un contexto que agrede la integridad de la sociedad civil.

PROCESO 02-22

“Prohíbe el IEDF incitar al desorden"

El Universal, sábado 21 de Febrero del 2009

A pesar de que el IEDF trata de mantener cierto orden algunos de los candidatos consideran estas medidas innecesarias y ridículas, sin embargo es importante señalar que a pesar de que estas acciones parezcan exageradas, en México los partidos políticos al igual que sus candidatos no poseen una verdadera cultura de respeto en los procesos electorales, lo que ha provocado, como ya es sabido, algunas irregularidades en dichos actos, a pesar de que las reglas del juego están claramente escritas en el COFIPE tal parece que se tienen que estar recordando constantemente para que se obligue a cada uno de los actores a respetarlas y de igual manera invitarlos a que se sensibilicen y realicen un proceso electoral libre de campañas sucias y gastos excesivos.

"Delegados y Diputados, tras “trueque” de puestos, en el D.F."

El Universal, Lunes 16 de Febrero

Los jefes delegacionales que pidieron licencia quieren ocupar una curul en la Asamblea Legislativa del DF y los diputados locales quieren ser titulares de sus demarcaciones. El posible intercambio se confirma con la lista de registros de los precandidatos del PRD.

Es Importante hacer notar que no existe regulación importante en materia de reelección y ocupación de cargos. Ya que como se especifica en la nota, muchos delegados y congresistas, piden licencias para participar en elecciones que los mantendrán en la mayoría de los casos en el poder. Será importante hacer un análisis posterior para corroborar, quién de los mencionados, volvió a reelegirse.Es empresa de la reforma del Estado, poner sobre la mesa estos temas de discusión, en ella se debe de especificar bajo que condiciones debe de existir la posibilidad de reelección y ocupación de cargos.

"Reta el sol azteca a los demás partidos a abrir sus procesos internos a los ciudadanos"

La Jornada 19 del febrero. La Capital.



Al parecer las elecciones locales empiezan algo complicadas, ya que muchos precandidatos empezaron su campaña antes de lo señalado por el IEDF; ya ha habido varias impugnaciones de lo sucedido, sin embargo el mismo instituto electoral no se ha ocupado en solucionarlas. Me parece interesante la propuesta de apertura a los procesos de elección de candidatos; sin embargo, sería bueno mantenernos al tanto de cómo es que el PRD está llevando sus procesos internos, sobre todo ahora que hay un nuevo presidente en el partido y que causa mucho conflicto con demás corrientes dentro del mismo.

Venezuela: escenarios posibles Guillermo Almeyra

Las elecciones de Venezuela me parece interesante abordarlo, sobre todo ahora que también en nuestro país se abre un proceso de elecciones; no es un caso similar, pero nos puede dar muchas herramientas para analizar y comprender este proceso. En Venezuela triunfo el referéndum sobre la posible reelección de Chávez con el propósito de cumplir con el proyecto bolivariano; Almeyra en este artículo nos muestra un análisis de posibles escenarios sobre la conformación de los grupos y sus posibles acciones; cada una va actuar en medida de que el gobierno defina su proyecto. Me parece importante rescatar que en Venezuela está ocurriendo un proceso importante que puede abrir o cerrar posibilidades de nuevas formas de organización todo depende de que tan incluyente es el proyecto chavista; esta definición no solo traerá consecuencias en Venezuela, sino también a Latinoamérica y el resto del mundo, ya que habría un proceso de reconfiguración de bloques económicos y políticos.

ARNALDO CÓRDOBA: el modo vergonzante de hacer leyes.

La Teoría Política Constitucional Liberal Democrática (me refiero a la democracia representativa) precisamente para evitar el abuso del poder del Estado, estableció como garantía del buen gobierno la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Este último se refería a los funcionarios que “representan a los ciudadanos”, es decir, al pueblo, por ende debieran ser representantes de los intereses generales de la sociedad por sobre los particulares o de clase. Sin embargo, el caso mexicano es paradigmático, pues sin lugar a dudas en el último tercio del siglo XX sufrimos grandes modificaciones para bien y para mal en nuestra vida pública. Y entre estas últimas –las nocivas- podemos encontrar que los poderes de facto se apoderaron de muchos espacios en el gobierno, e incluso fuera de ellos, desde donde ejercen un fuerte influjo sobre las decisiones del gobierno y de cómo hacer política. Entre los más nocivos poderes de facto podemos encontrar al llamado cuarto poder; el de los medios de comunicación, y siendo más específico el de las televisoras (principalmente Televisa), las cuales se han metido de lleno a los procesos electorales de manera férrea ya que dejaban cuantiosas ganancias las campañas de los candidatos, pero da la casualidad de que los contribuyentes eran quienes pagaban enormes montos por tan caros procesos electorales. Por ello, cuando se legisla a favor de los intereses generales (con la llamada Reforma electoral) salen a dar el grito en el cielo las televisoras –y sus respectivas filiales en los demás medios de comunicación-, diciendo que se cuarta la libertad de expresión, establecida en la Constitución. Pero, tal vez fuera creíble en otro país el alegato, sin embargo, fácilmente podemos constatar que lo que verdaderamente defienden es el dinero que les dejan los procesos electorales. Por ello es un paso limitado, pero por lo menos un paso acertado el de haber minado, aunque sea parcialmente, el poder de las televisoras con una ley electoral, que sin lugar a dudas tiene algunas fallas, pero que por lo menos pensó en el interés general. Ahora lo que sigue es que los legisladores –y el gobierno en general- se pregunten si es justo que sean maniatados y siguiendo atados de manos a los caprichos de los potentados, y por ello se deben preguntar si no es vergonzoso que tengan que legislar a escondidas por medio a represalias

Dos Estrellas

Dos Estrellas
Lorenzo Meyer
Reforma. 12 de febrero de 2009


El asesinato y tortura del general Tello Quiñones significa un salto cualitativo en el enfrentamiento Estado-narcotráfico

Asesinato fuera de serie

El secuestro, tortura y asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún, Quintana Roo, así como de sus dos acompañantes, el lunes 2 de febrero, representa un salto cualitativo en el desafío que el crimen organizado ha lanzado a las instituciones del Estado y a la sociedad. La lucha contra los narcotraficantes ya había cobrado en México la vida de tropa, clases, oficiales y jefes, pero hasta donde se sabe, no la de un general. Tello Quiñones, general de brigada -dos estrellas-, es el primero. Y justamente por eso su caso es particularmente inquietante.

El general en retiro no murió como mero jubilado sino como el recién nombrado responsable de dar forma a un cuerpo especial de seguridad del municipio de Benito Juárez -uno de los más ricos del país y de los más expuestos a las actividades del narcotráfico-, conformado por ex militares. Se supone que ese agrupamiento tendría un centenar de efectivos, más profesionales y mejor pagados que la policía local, y que empezaría a operar en pocos meses con el general Tello como su jefe en calidad de secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, cuando el general apenas llevaba una semana en Cancún y empezaba a conocer la plaza, el enemigo decidió adelantarse y acabar con el proyecto eliminando a su más alto responsable. Obviamente, los asesinos actuaron con base en información interna; quizá por eso el jefe de la policía de Cancún ya fue detenido en un operativo encabezado por el Ejército. Desde hace mucho y en materia de crimen organizado, el enemigo ya está dentro.

En sí mismo, el secuestro y el asesinato del general Tello significa un desafío mayúsculo a la autoridad estatal y federal en su conjunto pero particularmente al Ejército, pues el general tenía el apoyo del secretario de la Defensa para la tarea que se proponía realizar (Proceso, 8 de febrero). Pese a lo anterior, o quizá justamente por ello, el crimen organizado decidió mostrar al máximo su grado de desafío al añadir a la eliminación de tan alto mando una saña exagerada. La tortura feroz a la que fue sometido al general está condensada en los reportes de prensa: "tenía rotos los brazos y las piernas. Las fracturas estaban expuestas todas" (Reforma, 5 de febrero). Al asesinato de un militar de la más alta graduación (en retiro, a Tello le correspondía el grado de divisionario) se le añade el mensaje implícito: ya no hay institución a la que tema y respete el narcotráfico.

Hasta donde se recuerda, la última ocasión en que altos mandos del Ejército Mexicano fueron capturados por sus enemigos y torturados hasta la muerte tuvo lugar en los lejanos 1920, durante los años de la llamada "Guerra Cristera". En aquel desafortunado tiempo, la brutalidad fue mutua, pero con el paso de los años la situación se volvió unilateral, como ocurrió en la lucha antiguerrillera de los 1960 y durante los años de la "Guerra Sucia", cuando la tortura corrió básicamente a cargo de las autoridades, incluidas las militares. El propio general Tello, cuando fue comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estuvo implicado en los sucesos del 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, y que desembocaron en el asesinato de seis detenidos como presuntos delincuentes.

Sin embargo, e independientemente de la responsabilidad del general Tello en ese caso y de las responsabilidades de otros militares en violaciones notorias de los derechos humanos -un tema grave, con mucha historia y que sigue vivo-, lo ocurrido en Cancún permite -obliga- abordar los hechos desde otra perspectiva; una que considere sus implicaciones sobre ese tema político que hoy está entre los que encabezan la agenda mexicana lo mismo dentro que fuera de nuestras fronteras: la capacidad del Estado mexicano para recuperar el gran espacio que ha perdido frente a la extensión, fuerza y arrogancia del crimen organizado. Si el narcotráfico ya no le teme al Ejército al punto que no le importa torturar y asesinar a un general, ¿quién y cómo va a reintroducir el perdido sentido de orden y seguridad que México necesita para seguir funcionando como una sociedad viable, con objetivos que vayan más allá de sobrevivir?

El monopolio de la violencia

Hoy, como pocas veces, en México se recuerda la definición de Estado propuesta en 1915 por Max Weber al abordar el tema de la distribución del poder. Ahí el sociólogo alemán tomó uno de los atributos para definir al todo: "El Estado es una asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de otra manera" (H. H. Gerth y C. Wright Mills, eds. From Max Weber, Londres, 1948).

Desde esta perspectiva -excesivamente formal, pero útil-, la única violencia organizada que puede reclamar legitimidad social es, por definición, la del Estado si la ejerce dentro de los cauces legales que se ha dado a sí mismo. Sin embargo, en la práctica esa "legitimidad por definición" pierde sentido cuando coexiste con organizaciones armadas no estatales que en la práctica actúan como un "Estado en las sombras", y que ejercen una violencia extrema, cotidiana y masiva, como es hoy el caso en México: el año pasado hubo más de 5 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico y en lo que va de este año ya se han producido más de 700. Cualquier monopolio, incluido el de la violencia, por legítimo que se diga, cuando se ve obligado a convivir con una competencia que en la práctica lo desborda, ya perdió su razón de ser. Y en este caso se trata nada menos que la razón de ser del Estado.

Weber, con un realismo que raya en lo brutal, señaló que la esencia de ese Estado que tiene a su disposición el aparato de la violencia legítima, tiene "como finalidad absoluta salvaguardar (o cambiar) la distribución interna y externa de poder". Pues bien, en el aquí y ahora, el Estado mexicano está mostrando cotidianamente que es incapaz de impedir que el crimen organizado siga avanzando en su proyecto de cambiar la distribución de poder a su favor y en contra de los intereses de la sociedad.

La razón de Estado

Desde la perspectiva adoptada por Weber, la "razón de Estado" es esencialmente pragmática. En la realidad de la política, los "fines trascendentes" no son substituto de la eficacia. En nuestro caso, no tiene mucho sentido, por ejemplo, conmemorar la Constitución ni estar preparando los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia o del centenario de la Revolución Mexicana y su esfuerzo por construir una patria justa si, mientras tanto, en Rosarito, Baja California, un pequeño empresario que invirtió todos sus ahorros en un establecimiento de comida rápida tuvo que cerrar su negocio tras apenas una semana de actividades, y no por causas económicas o por la mano invisible del mercado, sino porque alguien se presentó en su local y le exigió, so pena de violencia extrema, un pago mensual para permitirle operar. En este caso y en muchos ejemplos análogos más, el ciudadano quedó atrapado entre el Estado formal pero impotente y el "Estado en las sombras", efectivo y prepotente.

El Ejército

Volvamos a Quintana Roo. Independientemente de la responsabilidad del general Tello por lo ocurrido hace 12 años en la colonia Buenos Aires, desde un punto de vista moral es inaceptable lo ocurrido en Cancún, pero también resulta inaceptable desde la perspectiva política e incluso de la dura "razón de Estado".

A estas alturas ya pasó el tiempo en que tenía sentido teórico e incluso práctico discutir si era apropiado o no encomendar al Ejército y la Armada tareas de policía. El general Ramón Mota Sánchez ha pedido que se acelere la creación de una policía confiable para que el Ejército retorne a sus cuarteles (Reforma, 5 de febrero). Es una demanda razonable pero irreal en el corto plazo, ya que en la práctica las policías que existen son inútiles.

En estas condiciones, la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas es hoy tan grande como intransferible. Deben responder con efectividad al reto que implican hechos como el asesinato del general Tello Quiñones para impedir que avance el "Estado en las sombras" pero debe hacerlo dentro de la legalidad, sin repetir los errores del pasado.

La solución eficiente al reto que presenta el crimen organizado nunca ha estado en manos de la policía o el Ejército sino de la política social. Sin embargo, cuando el resultado de la corrupción e irresponsabilidad sistemáticas de las clases dirigentes lleva a una crisis de seguridad como la que hoy experimenta México, sólo la acción efectiva de las Fuerzas Armadas podría ganar el tiempo y el espacio necesarios para intentar la solución de fondo.

Opinión

La muerte del general Tello evidencia la debilidad e incapacidad del Estado para diseñar, planear y ejecutar estrategias efectivas de combate al crimen organizado. En primer lugar, la estrategia de combatir directamente a las organizaciones criminales resulta inadecuada porque las redes de corrupción, complicidad y protección a los narcotráficantes poderosos en el Ejército, las policías en sus diferentes niveles, y en las instituciones, impide debilitar las estructuras de los cárteles

En segunda instancia, un enfrentamiento directo no resuelve las disparidades económicas, sociales y políticas en el país, que reproducen condiciones de violencia, exclusión, marginación y pobreza que representan un campo fértil para la formación de organizaciones delictivas. La presencia del Ejército en las calles de diferentes ciudades de la República, resulta además de peligroso para la sociedad, inconstitucional, porque no le corresponde las acciones que actualmente realiza.

Por lo anterior, para comenzar a debilitar el poder de los cárteles y disminuir la violencia generada por el narcotráfico, el Estado -siempre dentro de la legalidad-debe instrumentar estrategias para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones, entre otras cosas ,con el propósito de disminuir la corrupción. Y por otro lado, ejecutar una política social inclusiva, equitativa, integral, con visión a futuro que busque solucionar- si bien no de manera definitiva a corto tiempo- las desigualdades económicas, sociales y de distribución del poder.

Emiliano

Denise Dresser

Análisis: Carta abierta a Carlos Slim.

John F. Kennedy decía que las grandes crisis producen grandes hombres. Lástima que en este momento crítico para México, usted se empeña en demostrarnos que no aspira a serlo
Estimado Ingeniero: Le escribo este texto como ciudadana. Como consumidora. Como mexicana preocupada por el destino de mi país y por el papel que usted juega en su presente y en su futuro. He leído con detenimiento las palabras que pronunció en el foro "México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?", y he reflexionado sobre sus implicaciones. Su postura en torno a diversos temas me recordó aquella famosa frase atribuida al presidente de la compañía automotriz General Motors, quien dijo: "lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos". Y creo que usted piensa algo similar: lo que es bueno para Carlos Slim, para Telmex, para Telcel, para el Grupo Carso es bueno para México. Pero no es así. Usted se percibe como solución cuando se ha vuelto parte del problema; usted se percibe como estadista con la capacidad de diagnosticar los males del país cuando ha contribuido a producirlos; usted se ve como salvador indispensable cuando se ha convertido en bloqueador criticable. De allí las contradicciones, las lagunas y las distorsiones que plagaron su discurso y menciono las más notables. Usted dice que es necesario pasar de una sociedad urbana e industrial a una sociedad terciaria, de servicios, tecnológica, de conocimiento. Es cierto. Pero en México ese tránsito se vuelve difícil en la medida en la cual los costos de telecomunicaciones son tan altos, la telefonía es tan cara, la penetración de internet de banda ancha es tan baja. Eso es el resultado del predominio que usted y sus empresas tienen en el mercado. En pocas palabras, en el discurso propone algo que en la práctica se dedica a obstaculizar. Usted subraya el imperativo de fomentar la productividad y la competencia, pero a lo largo de los años se ha amparado en los tribunales ante esfuerzos regulatorios que buscan precisamente eso. Aplaude la competencia, pero siempre y cuando no se promueva en su sector. Usted dice que no hay que preocuparse por el crecimiento del Producto Interno Bruto; que lo más importante es cuidar el empleo que personas como usted proveen. Pero es precisamente la falta de crecimiento económico lo que explica la baja generación de empleos en México desde hace años. Y la falta de crecimiento está directamente vinculada con la persistencia de prácticas anti-competitivas que personas como usted justifican. Usted manda el mensaje de que la inversión extranjera debe ser vista con temor, con ambivalencia. Dice que "las empresas modernas son los viejos ejércitos. Los ejércitos conquistaban territorios y cobraban tributos". Dice que ojalá no entremos a una etapa de "Sell Mexico" a los inversionistas extranjeros y cabildea para que no se permita la inversión extranjera en telefonía fija. Pero al mismo tiempo, usted como inversionista extranjero en Estados Unidos acaba de invertir millones de dólares en The New York Times, en las tiendas Saks, en Citigroup. Desde su perspectiva incongruente, la inversión extranjera se vale y debe ser aplaudida cuando usted la encabeza en otro país, pero debe ser rechazada en México. Usted reitera que "necesitamos ser competitivos en esta sociedad del conocimiento y necesitamos competencia; estoy de acuerdo con la competencia". Pero al mismo tiempo, en días recientes ha manifestado su abierta oposición a un esfuerzo por fomentarla, descalificando, por ejemplo, el Plan de Interconexión que busca una cancha más pareja de juego. Usted dice que es indispensable impulsar a las pequeñas y medianas empresas, pero a la vez su empresa, Telmex, las somete a costos de telecomunicaciones que retrasan su crecimiento y expansión. Usted dice que la clase media se ha achicado, que "la gente no tiene ingreso", que debe haber una mejor distribución del ingreso. El diagnóstico es correcto, pero sorprende la falta de entendimiento sobre cómo usted mismo contribuye a esa situación. El presidente de la Comisión Federal de Competencia lo explica con gran claridad: los consumidores gastan 40 por ciento más de los que deberían por la falta de competencia en sectores como las telecomunicaciones. Y el precio más alto lo pagan los pobres. Usted sugiere que las razones principales del rezago de México residen en el gobierno: la ineficiencia de la burocracia gubernamental, la corrupción, la infraestructura inadecuada, la falta de acceso al financiamiento, el crimen, los monopolios públicos. Sin duda todo ello contribuye a la falta de competitividad. Pero los monopolios privados como el suyo también lo hacen. Usted habla de la necesidad de "revisar un modelo económico impuesto como dogma ideológico" que ha producido crecimiento mediocre. Pero precisamente ese modelo, de insuficiencia regulatoria y colusión gubernamental, es el que le ha permitido a personas como usted acumular la fortuna que tiene hoy, valuada en 59 mil millones de dólares. Desde su punto de vista el modelo está mal, pero no hay que cambiarlo en cuanto a su forma particular de acumular riqueza. La revisión puntual de sus palabras y de su actuación durante más de una década revela entonces un serio problema: hay una brecha entre la percepción que usted tiene de sí mismo y el impacto nocivo de su actuación; hay una contradicción entre lo que propone y cómo actúa; padece una miopía que lo lleva a ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio. Usted se ve como un gran hombre con grandes ideas que merecen ser escuchadas. Pero ése día ante los diputados, ante los senadores, ante la opinión pública usted no habló de las grandes inversiones que iba a hacer, de los fantásticos proyectos de infraestructura que iba a promover, del empleo que iba a crear, del compromiso social ante la crisis con el cual se iba a comprometer, de las características del nuevo modelo económico que prometería apoyar. En lugar de ello nos amenazó. Nos dijo, palabras más, palabras menos, que la situación económica se pondría peor y que ante ello nadie debía tocarlo, regularlo, cuestionarlo, obligarlo a competir. Y como al día siguiente el gobierno publicó el Plan de Interconexión telefónica que buscaría hacerlo, usted en respuesta anunció que Telmex recortaría sus planes de inversión. Se mostró de cuerpo entero como alguien dispuesto a hacerle daño a México si no consigue lo que quiere, cuando quiere. Tuvo la oportunidad de crecer y en lugar de ello se encogió. Sin duda usted tiene derecho a promover sus intereses, pero el problema es lo hace a costa del país. Tiene derecho a expresar sus ideas, pero dado su comportamiento, es difícil verlo como un actor altruista y desinteresado, que sólo busca el desarrollo de México. Usted sin duda posee un talento singular y loable: sabe cuándo, cómo y dónde invertir. Pero también despliega otra característica menos atractiva: sabe cuándo, cómo y dónde presionar y chantajear a los legisladores, a los reguladores, a los medios, a los jueces, a los periodistas, a la intelligentsia de izquierda, a los que se dejan guiar por un nacionalismo mal entendido y por ello aceptan la expoliación de un mexicano porque, por lo menos, no es extranjero. Probablemente usted va a descalificar esta carta de mil maneras, como descalifica las críticas de otros. Dirá que soy de las que envidia su fortuna, o tiene algún problema personal, o es una resentida. Pero no es así. Escribo con la molestia compartida por millones de mexicanos cansados de las cuentas exorbitantes que pagan; cansados de los contratos leoninos que firman; cansada de las rentas que transfieren; cansados de las empresas rapaces que padecen; cansada de los funcionarios que de vez en cuando critican a los monopolios pero hacen poco para desmantelarlos. Escribo con tristeza, con frustración, con la desilusión que produce presenciar la conducta de alguien que podría ser mejor. Que podría dedicarse a innovar en vez de bloquear. Que podría competir exitosamente, pero prefiere ampararse constantemente. Que podría darle mucho de vuelta al país, pero opta por seguirlo ordeñado. Que podría convertirse en el filántropo más influyente, pero insiste en ser el plutócrata más insensible. John F. Kennedy decía que las grandes crisis producen grandes hombres. Lástima que en este momento crítico para México, usted se empeña en demostrarnos que no aspira a serlo

M I G U E L Á N G E L G R A N A D O S C H A P A

De modo que hoy la paz rota por los estallidos contra Pemex depende del buen curso de los empeños por localizar y recuperar a los dos eperristas desaparecidos
Presentar a los desaparecidos Al cabo de una investigación desarrollada a partir de agosto de 2007, con fecha 13 de febrero de 2009, aunque empezó a difundirse apenas el domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en que demanda del Gobierno federal, el estatal de Oaxaca y el municipal de esa ciudad, que "realicen las gestiones necesarias para que sean presentados inmediatamente con vida los señores Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, y en el supuesto de que éstos hayan incurrido en la comisión de alguna conducta antijurídica, sean puestos a disposición, de manera inmediata, ante la autoridad competente, a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos de defensa...; o en caso contrario y con el mismo carácter se solicite que informen a esta Comisión Nacional la suerte que corrieron ambas personas". El 25 de mayo de 2007 fueron detenidos y hechos desaparecer esos dos militantes del Ejército Popular Revolucionario. La evidencia reunida por la CNDH muestra que miembros de diversas corporaciones armadas, pertenecientes a los tres niveles de gobierno estuvieron involucrados en esos hechos. Así lo denunció ese grupo guerrillero que, en exigencia porque se les devuelva a sus compañeros o se conozca su paradero, realizó acciones militares en julio y septiembre de aquel año. Instalaciones de Pemex y tres estados de la República, principalmente ductos, fueron severamente dañadas lo cual, además de la destrucción material causada y las pérdidas económicas directa o indirectamente provocadas dio idea de la capacidad de acción de ese grupo que ha optado por la insurgencia armada. Tal grupo pidió en abril pasado, a un grupo de ciudadanos, constituirse en Comisión de mediación ante el Gobierno federal para lograr la restitución de Reyes Amaya y Cruz Sánchez a su entorno cotidiano. Mientras durara el esfuerzo destinado a ese propósito, el EPR accedió al pedido de la Comisión mediadora de abstenerse de acciones armadas. De modo que hoy la paz rota por los estallidos contra Pemex depende del buen curso de los empeños por localizar y recuperar a los dos eperristas desaparecidos. En ese marco la prolija indagación de la CNDH es una pieza fundamental en el esclarecimiento de esos hechos, y será util en extremo para impedir que conductas ilícitas de agentes del Estado redunden en la desaparición forzada de personas, uno de los modos más infámes de combatir a quienes optan por la vía armada para lograr el cambio social y a quienes el Estado reputa como sus enemigos. Además de indicios de otra naturaleza, la CNDH encontró para presumir la intervención gubernamental en la privación ilegal de la libertad de los eperristas una multitud de obstáculos, engaños y contradicciones entre representantes de los diversos órdenes de Gobierno sobre este caso. A guisa de ejemplo solamente, dice la recomendación 07/2009 que "la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que su intervención" el día de la desaparición mencionada "obedeció a una solicitud de apoyo que se les formuló, sin precisar la hora exacta", mientras que en la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, "no se encontró antecedente alguno respecto de esa información" y "no cuenta con los datos de identificación de los elementos policiales que participaron en ese operativo". Otra contradicción estriba en que miembros de la policía municipal, de la preventiva, del Ejército, en el lugar de los hechos "sostuvieron una conversación con un policía municipal, quien les señaló que ´su jefe les ordenó que permanecieran en ese lugar hasta verificar que efectivamente se tratara de policías´ y para que además los viera físicamente, lo cual se contrapone a la versión de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez que aseguraron que la comunicación que tuvo con dichos elementos fue de vista, esto es, a distancia, y por ello no pudieron recabar sus nombres". La recomendación pide al Gobierno federal que un equipo interdisciplinario de servidores públicos de la Procuraduría General de la República evalúe las diligencias realizadas por el Ministerio público de la Federación "y sin que se entorpezca el verdadero sentido de dichas investigaciones o se causen perjuicios a terceros, den a conocer puntualmente" a la CNDH "los resultados de sus gestiones, a fin de descartar o confirmar...que se esté incurriendo en un ejercicio indebido de la Función pública de Procuración de Justicia o incluso en una irregular integración de la averiguación previa". Al Gobernador Ulises Ruiz la recomendación pide una investigación sobre miembros de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, hoy de Seguridad Pública, y de la Procuraduría estatal de justicia cuyas "acciones u omisiones obstaculizaron e impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales" de la Comisión Nacional. Lo mismo deberá hacer el Gobierno oaxaqueño respecto del director de la Policía Ministerial, el Jefe de grupo de Investigación de Robos y el jefe de grupo de homicidios, quienes "no se condujeron con verdad ante el agente del ministerio público..." para determinar "las posibles Conductas Antijurídicas en que hayan incurrido dichas personas... "Recomendación similar se dirige al Gobierno Municipal respecto de su dirección de seguridad pública. Se echa de menos una recomendación Directa a la secretaría de la Defensa nacional, no obstante el papel de militares en este caso. Seguiremos.

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