EJE CENTRAL
ACTORES:LUIS TÉLLEZ EXSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
FELIPE CALDERÓN
SITUACIÓN.ESPIONAJE TELEFÓNICO,MALA IMAGEN AL GOBIERNO DE CALDERÓN .
Varios días después de su renuncia no se sabía a ciencia cierta por qué Luis Téllez Kuenzler dejó de ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Tres legisladores panistas ofrecieron vertientes distintas de una misma, resignada versión.
Téllez estaba muy debilitado después de las grabaciones de sus conversaciones telefónicas dijo Héctor Larios, coordinador de los diputados de ese partido. Lo quitaron porque afectaba la imagen del gobierno, consideró el senador Felipe González. El escándalo fue vergonzoso y además la interceptación de sus llamadas “fue como si al secretario de Defensa le hubieran robado la pistola”, opinó el diputado Gerardo Priego.
Pero si fuera por el deterioro en sus imágenes públicas, el presidente Felipe Calderón tendría que haber prescindido mucho tiempo antes de varios de sus colaboradores (y, en su momento, se empeñó en dejar en su cargo a Juan Camilo Mouriño cuando se conoció el conflicto de intereses que implicaban los contratos para ofrecer servicios a Pemex).
Y si se debió al escándalo que suscitaron las conversaciones filtradas en algunos medios, al presidente se le hizo tarde para despedir al secretario de Comunicaciones y Transportes. La murmuración que desataron las grabaciones se había extendido varias semanas antes. El martes 3 de marzo, cuando se anunció la sustitución de Téllez, ese alboroto estaba decreciendo.
Quizá el presidente se cansó de un asunto evidentemente incómodo. Quizá alguien amagó con nuevas grabaciones. Quizá fue Téllez quien se reconoció fatigado y maltratado. Quizá, quizá, quizá… Uno de los aspectos más incómodos en todo este asunto es la precariedad de hechos sólidos.
Ante la escasez de información cabal, nos hemos encontrado con una gozosa y en ocasiones interesada proliferación de especulaciones. El entrelazamiento de asuntos privados con el contexto público que les imponía la responsabilidad del secretario Téllez fue propicio para el chismerío y las especulaciones.
Convertidas en ramificaciones de las revistas de espectáculos, muchas columnas políticas y alocuciones radiofónicas se solazaron en figuraciones acerca de la vida personal de Téllez y sobre los presuntos autores del espionaje telefónico. Mucho chisme, poca miga y prácticamente nada en claro.
El único hecho relevante que se ha podido conocer es que alguien –quién sabe por qué, quién sabe para quién– intervino el teléfono del secretario de Comunicaciones y luego entregó a distintos medios algunas transcripciones de esas charlas.
Al lado de esa circunstancia hay datos de menor significación: el talante descomedido con que Téllez se dirigía a varios de sus colaboradores, la discrecionalidad con que utilizaba la confianza que le dispensaba el presidente de la República y el lenguaje soez que empleaba para hablar de otros funcionarios. Nada de eso era importante para entender el desempeño de Téllez en la SCT. Aunque altisonantes, sus frases no ofrecían información sobre asunto público alguno. Incluso aquella expresión sobre el presunto abuso que habría cometido el presidente Carlos Salinas al utilizar la llamada partida secreta durante su gobierno, era una intrascendente ocurrencia de Téllez manifestada en una conversación con amigos suyos.
Huecas en el fondo aunque estridentes para algunos, el contenido de esas conversaciones telefónicas tendría que haber sido desestimado por los medios y por la llamada clase política. Como no sucedió así, la murmuración a propósito de ellas creció como bola de nieve que terminó arrasando al secretario Téllez
El hecho auténticamente grave ha sido el espionaje telefónico. Pero ese asunto quedó apabullado por el estruendo de habladurías y figuraciones acerca de asuntos privados y suposiciones públicas.
Casi nadie ha recordado que grabar subrepticiamente las conversaciones de otros es ilegal. Las comparaciones son aborrecibles, pero si el caso Téllez hubiese ocurrido en otro país la atención de los medios y buena parte de la exigencia de los ciudadanos estarían orientadas a la investigación judicial para saber quiénes y por qué interceptaron los teléfonos del secretario de Comunicaciones. Pero tal investigación no provoca el interés público.
El desempeño de Téllez en la SCT fue muy discutible. Pero ahora, además de padecer espionaje telefónico ilegal ha sido víctima del temor, la debilidad o el moralismo que cundieron en el PAN y en la presidencia de la República.
Téllez estaba muy debilitado después de las grabaciones de sus conversaciones telefónicas dijo Héctor Larios, coordinador de los diputados de ese partido. Lo quitaron porque afectaba la imagen del gobierno, consideró el senador Felipe González. El escándalo fue vergonzoso y además la interceptación de sus llamadas “fue como si al secretario de Defensa le hubieran robado la pistola”, opinó el diputado Gerardo Priego.
Pero si fuera por el deterioro en sus imágenes públicas, el presidente Felipe Calderón tendría que haber prescindido mucho tiempo antes de varios de sus colaboradores (y, en su momento, se empeñó en dejar en su cargo a Juan Camilo Mouriño cuando se conoció el conflicto de intereses que implicaban los contratos para ofrecer servicios a Pemex).
Y si se debió al escándalo que suscitaron las conversaciones filtradas en algunos medios, al presidente se le hizo tarde para despedir al secretario de Comunicaciones y Transportes. La murmuración que desataron las grabaciones se había extendido varias semanas antes. El martes 3 de marzo, cuando se anunció la sustitución de Téllez, ese alboroto estaba decreciendo.
Quizá el presidente se cansó de un asunto evidentemente incómodo. Quizá alguien amagó con nuevas grabaciones. Quizá fue Téllez quien se reconoció fatigado y maltratado. Quizá, quizá, quizá… Uno de los aspectos más incómodos en todo este asunto es la precariedad de hechos sólidos.
Ante la escasez de información cabal, nos hemos encontrado con una gozosa y en ocasiones interesada proliferación de especulaciones. El entrelazamiento de asuntos privados con el contexto público que les imponía la responsabilidad del secretario Téllez fue propicio para el chismerío y las especulaciones.
Convertidas en ramificaciones de las revistas de espectáculos, muchas columnas políticas y alocuciones radiofónicas se solazaron en figuraciones acerca de la vida personal de Téllez y sobre los presuntos autores del espionaje telefónico. Mucho chisme, poca miga y prácticamente nada en claro.
El único hecho relevante que se ha podido conocer es que alguien –quién sabe por qué, quién sabe para quién– intervino el teléfono del secretario de Comunicaciones y luego entregó a distintos medios algunas transcripciones de esas charlas.
Al lado de esa circunstancia hay datos de menor significación: el talante descomedido con que Téllez se dirigía a varios de sus colaboradores, la discrecionalidad con que utilizaba la confianza que le dispensaba el presidente de la República y el lenguaje soez que empleaba para hablar de otros funcionarios. Nada de eso era importante para entender el desempeño de Téllez en la SCT. Aunque altisonantes, sus frases no ofrecían información sobre asunto público alguno. Incluso aquella expresión sobre el presunto abuso que habría cometido el presidente Carlos Salinas al utilizar la llamada partida secreta durante su gobierno, era una intrascendente ocurrencia de Téllez manifestada en una conversación con amigos suyos.
Huecas en el fondo aunque estridentes para algunos, el contenido de esas conversaciones telefónicas tendría que haber sido desestimado por los medios y por la llamada clase política. Como no sucedió así, la murmuración a propósito de ellas creció como bola de nieve que terminó arrasando al secretario Téllez
El hecho auténticamente grave ha sido el espionaje telefónico. Pero ese asunto quedó apabullado por el estruendo de habladurías y figuraciones acerca de asuntos privados y suposiciones públicas.
Casi nadie ha recordado que grabar subrepticiamente las conversaciones de otros es ilegal. Las comparaciones son aborrecibles, pero si el caso Téllez hubiese ocurrido en otro país la atención de los medios y buena parte de la exigencia de los ciudadanos estarían orientadas a la investigación judicial para saber quiénes y por qué interceptaron los teléfonos del secretario de Comunicaciones. Pero tal investigación no provoca el interés público.
El desempeño de Téllez en la SCT fue muy discutible. Pero ahora, además de padecer espionaje telefónico ilegal ha sido víctima del temor, la debilidad o el moralismo que cundieron en el PAN y en la presidencia de la República.
Influencia e insolencia
Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.
Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.
La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.
Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.
Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.
Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.
La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.
Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.
ACTORES:MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISA Y TV AZTECA
PARTIDOS POLÍTICOS.
RELACIÓN:REFORMA ELECTORAL 2007,PRIVILEGIOS A DUOPOLIO
ELECCIONES INTERNAS PRD.
ACTORES.CORRIENTE NUEVA IZQUIERDA(JESUS ORTEGA) MARCELO EBRARD E IZQUIERDA UNIDA
ELECCIONES INTERNAS.ELECCIONES
Las elecciones internas que el PRD llevó a acabo con el fin de elegir a sus candidatos para los comicios locales han dado como resultado un evidente pragmatismo político que desenboca en alianzas no imaginadas ,tal es el caso de la alianza que mantuvieron los Chuchos y Marcelo Ebrard en delegaciones como Coyoacán en donde por mucho aventajaron a sus rivales al interior del partido.
Importante es tambien el giro preferencial que se dio en Iztapalapa terminando con la hegemonía que los Chuchos habian mantenido en esta región( misma que es una demarcación determinante en los resultados para el Distrito Federal)y reconfigurando el mapa de fuerzas perredistas.
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